El colectivo Vivienda Digna Viello Aragón ha pedido a los ayuntamientos de Jacetania y Alto Gállego medidas urgentes ante la crisis de vivienda, mientras diecicho familias de VPO en Jaca afrontan un posible desahucio, tras recibir una subida del 75% en el alquiler que no pueden afrontar. La plataforma ha convocado una manifestación este sábado para reclamar soluciones inmediatas.
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| ECHEVERRIMONTES |
El colectivo Vivienda Digna Viello Aragón ha solicitado a
los principales ayuntamientos de Jacetania y Alto Gállego que actúen de forma
urgente ante la “crisis de la primera vivienda”, marcada —afirman— por la
creciente inaccesibilidad para las familias del territorio. En una carta
remitida a consistorios como Jaca, Sabiñánigo, Biescas, Sallent, Canfranc o
Ansó, plantean cuatro medidas prioritarias orientadas a contener los precios
del alquiler y aumentar la oferta residencial.
Entre sus propuestas destaca la declaración de zona de
mercado residencial tensionado, que permitiría limitar la actualización de
rentas y controlar el precio inicial de los contratos de grandes tenedores,
además de ofrecer incentivos fiscales a quienes rebajen sus alquileres. También
reclaman paralizar nuevas licencias de uso turístico, impulsar bolsas
municipales de alquiler y aplicar un recargo del IBI a viviendas vacías
pertenecientes a propietarios con al menos cuatro inmuebles.
La plataforma, además, llama a la ciudadanía a participar en
la manifestación convocada este sábado 29 de noviembre en Jaca, con salida a
las 18:00 h desde la plaza Ripa y recorrido por la avenida de Francia y la
calle Mayor hasta el Ayuntamiento. El colectivo considera que los municipios
“deben ser protagonistas en la defensa del derecho a una vivienda digna y
asequible”.
Uno de los puntos más urgentes es la situación de las dieciocho familias del único bloque de VPO de Jaca, que afrontan una subida del 75% en su
alquiler y el posible desahucio el 30 de noviembre si no aceptan las nuevas
condiciones. Vivienda Digna recuerda que la DGA anunció una respuesta para las
cuatro familias en situación más vulnerable, pero asegura que, a día de hoy, no
se ha notificado ninguna solución. Tanto las familias como el colectivo siguen
negociando con la promotora y con el consejero de Vivienda para obtener un
aplazamiento que permita estudiar caso por caso según los ingresos de cada
hogar.
MARGARITA / JACATIMES





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