La Audiencia Nacional ya avaló este trazado hace tres años
El inicio de la tramitación de expropiaciones para la variante norte de Jaca, que conectará las autovías A-23 y A-21, ha reactivado las críticas al proyecto. La obra, actualmente en licitación por 153 millones de euros y con un plazo previsto de cuatro años y medio, vuelve a generar debate por su impacto urbano y social.
 |
| JSPEN |
La publicación reciente del inicio de las expropiaciones ha
vuelto a movilizar a los detractores del trazado norte. La asociación Jaca Sin
Perder el Norte, que ya llevó el proyecto a los tribunales sin éxito —la
Audiencia Nacional avaló la propuesta del Ministerio de Transportes hace tres
años—, ha trasladado ahora una queja al Justicia de Aragón.
Según su presidente, César San Juan, unas 18 familias
podrían verse afectadas por las expropiaciones, lo que implicaría que alrededor
de 62 personas —entre ellas 13 menores y varios mayores con problemas de
movilidad— tendrían que abandonar sus viviendas sin contar aún con una
alternativa habitacional. El Justicia ha admitido la queja a trámite y ha
solicitado información al Ayto. de Jaca, al Gob. de Aragón y a la Comarca de la
Jacetania.
Las críticas también llegan desde el ámbito profesional. El
arquitecto Ángel García considera que el trazado resulta “difícil de
justificar” desde el punto de vista urbanístico, al plantear el paso de tráfico
interurbano —principalmente entre Huesca y Pamplona— por un entorno cercano al
núcleo urbano.
García defiende una alternativa por el sur que, según
sostiene, evitaría afecciones directas a viviendas y permitiría ejecutar la
obra en suelo rural, con menor impacto ambiental y paisajístico. A su juicio,
el trazado norte afectaría a viviendas e infraestructuras y podría encarecer y
alargar los plazos de ejecución de la variante.
MARGARITA / JACATIMES
0 Comentarios