El objetivo de las comunidades energéticas es, ni más ni menos, reducir en lo posible el importe de la factura de la electricidad. A ello se enfrentan 22 municipios aragoneses, casi todos en el medio rural, desafiando a una lenta e ineficaz burocracia que dificulta su puesta en marcha.
ARCHIVOJT |
Según la normativa española —que no europea—,
una comunidad energética es una "entidad jurídica basada en la
participación abierta y voluntaria, autónoma y efectivamente controlada por sus
socios, situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables de
su propiedad, que aporte beneficios medioambientales, económicos o sociales”.
Estos proyectos de autoconsumo colectivo proliferan en el
mundo rural donde, sin una legislación clara, en primera instancia hay que convencer
a los vecinos para que participen. Por ejemplo, en María de Huerva hubo que negociar
con sus 125 habitantes y varias opiniones encontradas. Además, hay que darse
prisa para poder acceder a las subvenciones, porque el dinero se evapora rápido.
Otros, madrugadores, han tenido más suerte no exenta de paciencia. En Luco de Jiloca, tienen previsto empezar a producir de inmediato, tras casi tres años de duro batallar. "Ser los pioneros nos ha hecho llevarnos muchas tortas, pero hay detrás un uso social, por el bien de todos, y estamos muy ilusionados", comenta el responsable del proyecto.
En Aragón, pese a las trabas, las comunidades energéticas,
aun en una fase muy incipiente, se van abriendo camino poco a poco, como una
fórmula para reducir los altos costos de la electricidad y, sobre todo, para no
depender de los vaivenes del mercado eléctrico. Se especula con un ahorro del
30 % con la instalación de placas solares.
En nuestra zona de Jaca y alrededores encontramos comunidades energéticas en tramitación burocrática en Ansó, Hecho, Escarrilla, Novés, Jasa, Barós, Sabiñánigo, Fiscal y la propia Jaca.
Existen dos directivas europeas que tratan de definir y poner orden en el sector, pero, lamentablemente, España no las ha traspuesto aun a la legislación nacional. Tanto es así que Bruselas ha amenazado a nuestro país con sancionar el retraso. Se impone una urgente actualización normativa que permita agilizar los trámites.
JACATIMES
0 Comentarios