La orden ministerial entró en vigor el 22 de septiembre con el aval del Consejo de Estado que, después de haber estudiado las alegaciones de organizaciones conservacionistas y comunidades autónomas, ha considerado que la decisión de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) está suficientemente motivada y cuenta con una base científica sólida.
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El nuevo marco jurídico unifica el nivel de protección de la especie en todo el territorio, así como las medidas preventivas, indemnizaciones y los mecanismos de control para evitar y paliar los daños por ataques a la ganadería extensiva.
Únicamente podrán ser autorizadas capturas y extracciones de
manera justificada cuando todas las medidas de prevención se hayan revelado
ineficaces; con la garantía científica de que no comprometerán el buen estado
de conservación de la especie y ante la evidencia de daños importantes o
recurrentes en la actividad ganadera.
Las reacciones no se han hecho esperar. Así, el consejero de
Agricultura del Gobierno de Aragón, no comparte que el lobo deje de ser especie
cinegética, pero sí el compromiso de que se apruebe antes del próximo 31 de
diciembre una estrategia de conservación y gestión de esta especie en España,
como se indica en la propia orden ministerial.
Además, al consejero recordó que, en Aragón, el lobo no ha sido nunca una especie cinegética y, por tanto, “la orden no afecta a esta comunidad de manera directa”. El portavoz de Medio Ambiente del PP Aragón, fue más contundente y rechazó de plano la nueva norma que amplía la protección del lobo en todo el país. La Plataforma de la Ganadería Extensiva y Pastoralismo pide paralizar inmediatamente la medida favorable al lobo.
El Gobierno dice entender las quejas de ganaderos y comunidades
autónomas, pero ha asegurado que "no hay vuelta atrás en la protección del
lobo”.
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